El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, una norma que, entre otros extremos, pretende impulsar la utilización de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) para acabar con la sobrecarga de asuntos que soportan a diario nuestros juzgados y tribunales.
Según los datos ofrecidos por el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial, el informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa y el informe anual del Defensor del Pueblo, el tiempo medio de duración de los procedimientos judiciales muestra un diagnóstico de ineficiencia.